La responsabilidad medioambiental para las empresas como obligación legal y reputacional

La responsabilidad medioambiental de las empresas se puede definir como la obligación que tiene toda corporación de gestionar el impacto ambiental que pueda tener su actividad y asumir su responsabilidad por los daños que pueda causar en el entorno natural.

No cumplir con esta obligación puede acarrear serios problemas a la empresa, más allá de las sanciones económicas a las que deba hacer frente, como el coste reputacional que conlleva causar un daño al medio ambiente.

En este artículo analizaremos la principal normativa que afecta a la responsabilidad medioambiental de las empresas, las obligaciones que tienen estas, las ventajas de cumplirla y los inconvenientes de no hacerlo, o cómo integrar la responsabilidad medioambiental en la estrategia empresarial.

A recordar: ley de responsabilidad medioambiental

En España, la responsabilidad medioambiental de las empresas está regulada por la Ley 26/2007.

En España, la responsabilidad medioambiental de las empresas está regulada por la Ley 26/2007. Esta ley se basa en los principios de prevención y "quien contamina paga", responsabilizando a cualquier operador económico que desarrolle su actividad a hacerse cargo de las consecuencias de sus acciones y de la reparación de los daños causados a los recursos naturales.

La Ley de Responsabilidad Medioambiental aun siendo reparadora dispone del instrumento preventivo ARMA, que indica si el operador tiene la necesidad de transferir sus riesgos a través de una garantía financiera (seguro, aval, reserva en cuentas). Debemos de tener en cuenta que esta ley tiene una responsabilidad reparatoria e ilimitada, no se cumple indemnizando sino hay que hay que reparar por el 100% del daño, se debe devolver el elemento dañado a su estado inmediatamente anterior.

Entró en vigor el 25 de octubre de 2007 (hace ya 18 años), esta misma ley estableció a través de su ANEXO III la entrada en vigor de la obligatoriedad de constituir garantía financiera para las actividades clasificadas con nivel de prioridad 1,2 y 3 en la Orden ARM/1783/2011. Además, en 2014 fue publicada la ley 11/2014 que reforzó la prevención de daños medioambientales, simplificó trámites y mejoró la aplicación de la ley 26/2007, alineándola con las directivas europeas relevantes.

¿Qué define como daño medioambiental la Ley 26/2007?

Los daños a las especies silvestres y a los hábitat: los daños a la ribera del mar y de las rías, los daños al suelo.

Agua: La responsabilidad ambiental se aplica cuando se contaminan zonas de agua superficiales o subterráneas, afectando a su calidad, disponibilidad o al equilibrio de los ecosistemas acuáticos. Esto incluye vertidos ilegales o alteraciones del curso natural del agua.

Suelo: Incluye la contaminación por sustancias químicas, residuos, o actividades que degraden su capacidad productiva o afecten a su estructura. La responsabilidad que se puede asumir implica restaurar el suelo afectado o compensar los daños ocasionados.

Especies de la flora y fauna silvestres: Todo daño causado a estas especies, así como acciones que provoquen el desplazamiento, disminución o extinción de especies protegidas o en peligro de extinción.

¿A qué empresas afecta la ley de responsabilidad medioambiental?

La Ley de Responsabilidad Ambiental (Ley 26/2007) afecta a todas las empresas, independientemente de la actividad que desarrollen, ya que ninguna organización queda exenta de su aplicación. No obstante, según se establece en el artículo 37 del Reglamento que desarrolla la Ley 26/2007 las actividades obligadas a constituir la garantía financiera de responsabilidad medioambiental son:

• Operadores incluidos en al ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC)
• Operadores sujetos al ámbito de aplicación del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (SEVESO).
• Operadores dedicados a la gestión de residuos de las industrias extractivas, cuando se trate de instalaciones clasificadas como de categoría A.

¿Qué obligaciones medioambientales tienen las empresas?

Las empresas tienen la responsabilidad de actuar de forma sostenible y cumplir con una serie de obligaciones medioambientales que pretenden proteger el entorno y prevenir impactos negativos en nuestro entorno. Entre estas obligaciones se encuentran:

La prevención y reparación de daños. Las empresas deben identificar riesgos ambientales asociados a sus actividades, implementar medidas preventivas y, en caso de producirse un daño, actuar de forma inmediata para evitar su extensión y reparar el entorno afectado.

En cuanto a la gestión de residuos, las organizaciones tienen la obligación de reducir la generación de estos, clasificarlos adecuadamente, y asegurarse de su correcto tratamiento, reciclaje o eliminación conforme a la normativa vigente.

Respecto al control de emisiones, deben limitar las emisiones contaminantes al aire, agua o suelo mediante tecnologías limpias y controles periódicos, cumpliendo con los límites legales establecidos.

También las empresas han de hacer un uso eficiente de los recursos, optimizando el consumo de materias primas, agua y energía y adoptando prácticas de eficiencia energética y economía circular para reducir su huella ambiental.

En cuanto a la transparencia, las empresas están obligadas a informar de forma clara y accesible sobre sus políticas ambientales, impactos y medidas adoptadas, especialmente si están sujetas a evaluaciones ambientales o auditorías.

Por último, también deben evaluar los riesgos derivados del cambio climático sobre su actividad y adoptar medidas para adaptarse, como el uso de energías renovables, o la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Ventajas de cumplir (y superar) la ley

Cumplir con la normativa medioambiental, además de ser una obligación legal para evitar posibles sanciones, también aporta importantes beneficios estratégicos para las empresas. Entre ellos:

Reputación: Una gestión ambiental responsable mejora la imagen pública y fortalece la confianza en la empresa por parte de los clientes, inversores y la sociedad en general.

Competitividad: Las empresas que adoptan prácticas medioambientales pueden diferenciarse en el mercado y las ayuda a cumplir con requisitos exigidos en cada vez más contratos públicos o internacionales.

Costes operativos: La eficiencia en el uso de recursos, la reducción de residuos y el control de consumos energéticos permiten disminuir costes a medio y largo plazo.

Innovación y desarrollo: El compromiso ambiental fomenta la búsqueda de soluciones tecnológicas sostenibles, mejora procesos e impulsa la inversión en I+D.

Fidelización y atracción de clientes: Cada vez más consumidores valoran el comportamiento ambiental de las empresas, por lo que actuar con responsabilidad favorece la fidelidad de los clientes actuales y atrae a nuevos.

Impacto de no cumplir con la ley de responsabilidad medioambiental

El incumplimiento de la Ley de Responsabilidad Medioambiental puede tener consecuencias graves para las empresas, tanto a nivel legal como reputacional y económico.

En el aspecto legal, la empresa puede enfrentarse a costosos procedimientos judiciales y administrativos, incluyendo la obligación de reparar el daño ambiental causado, llegado el caso, independientemente de su intencionalidad. En los casos que el daño no pueda ser reparado al 100% por circunstancias ajenas, el operador económico deberá complementar y compensar ese daños según las exigencias de la administración pública siguiendo el principio de las medidas de reparación que exige la ley (reparación primaria, complementaria y compensatoria)

Además, el incumplimiento puede conllevar multas elevadas, costes por reparación del daño, indemnizaciones y posibles pérdidas de ayudas o subvenciones públicas. Además debido al incumplimiento normativo, y según el articulo 35 de la ley, el operador económico puede verse afectado por una inhabilitación temporal de hasta 2 años, una clausura temporal o definitiva de actividad de sus instalaciones y la publicación de la sanción en el BOE o medios oficiales.

Todo ello puede afectar de manera importante a la reputación e imagen de la empresa, ya que este tipo de incidentes ambientales afectan negativamente la percepción pública y pueden provocar una crisis de imagen difícil de revertir.

Y, como consecuencia, clientes, inversores, administraciones y otros grupos de interés pueden retirar su apoyo, romper relaciones comerciales o exigir mayores garantías a la empresa, lo que puede perjudicar la continuidad y crecimiento del negocio.

Cómo integrar la responsabilidad medioambiental en la estrategia empresarial

Como hemos visto, cumplir con la responsabilidad medioambiental no solo es un imperativo legal; es también una necesidad social. Por ello, resulta fundamental integrar la responsabilidad medioambiental en la estrategia empresarial, lo que implica incorporar criterios sostenibles en la toma de decisiones y en todas las áreas de la organización.

Entre las acciones clave para este cumplimiento se encuentran los sistemas de gestión ambiental y compliance, que ayudan a implementar normas reconocidas como ISO 14001 o EMAS y permiten estructurar, controlar y mejorar el desempeño ambiental de la empresa, asegurando el cumplimiento legal y la mejora continua.

Otro factor importante es la evaluación de riesgos ambientales mediante las diferentes herramientas que pone a disposición en el ministerios (ARM, IDM, MORA) o a través de una consultora externa especializada que pueda realizar un análisis de riesgos medioambientales (ARMA), ya que identificar y analizar los posibles impactos negativos que pueden derivarse de las actividades empresariales ayuda a anticipar problemas, prevenir daños y planificar respuestas efectivas.

En todo este proceso es también clave la formación del personal y el establecimiento de una cultura corporativa y transparente. Fomentar la conciencia ambiental entre empleados, directivos y proveedores crea una cultura empresarial responsable.

La monitorización ambiental, por su parte, es una herramienta que ayuda a establecer sistemas de seguimiento de indicadores clave (emisiones, consumo de agua o energía, residuos, etc.) que permite medir el impacto real y tomar decisiones basadas en datos.

Por último, y para salvaguardar el patrimonio de la empresa, es importante contar con un seguro de responsabilidad medioambiental que la ayude a hacer frente a cualquier incidente en esta materia. Contratar un seguro específico protege a la empresa frente a posibles costes derivados de incidentes ambientales, aportando seguridad financiera y cumplimiento legal.