Los asesores fiscales y el seguro de RC Profesional: daño indemnizable

En los últimos tiempos las reclamaciones por responsabilidad civil profesional de los asesores fiscales han aumentado exponencialmente y, en ocasiones, estos profesionales y/o sus clientes desconocen qué conceptos se consideran daño indemnizable a fin de que su póliza despliegue sus efectos y responda por su mala praxis, dado que no todo el perjuicio que el cliente del asesor entiende que ha sufrido es, como tal, daño indemnizable.

Analizamos brevemente los distintos conceptos que suelen entrar en juego cuando un cliente sufre una Inspección de la Administración y reclama a su asesor:

En primer lugar, la cuota tributaria, entendida como la diferencia entre lo que el obligado tributario ingresó y lo que debió haber ingresado de haberse realizado correctamente el asesoramiento fiscal. La mayor parte de nuestros tribunales entienden que la cuota tributaria no es un concepto indemnizable, ya que el pago de un tributo no puede entenderse como una pérdida económica consecuencia del negligente actuar del asesor fiscal, sino una obligación legal inexcusable de todo el que desarrolla una actividad económica, de forma que no puede confundirse el daño indemnizable con el cumplimiento de una obligación legal. Por ello y como norma general, las aseguradoras no indemnizan por este concepto.

En segundo lugar, las sanciones. En este caso la totalidad de las Aseguradoras indemnizan bajo sus pólizas de RC profesional y asimismo los tribunales coinciden en entender que se trata de un daño indemnizable. Esto es así, porque de haberse realizado el asesoramiento de forma correcta y no en contra del criterio de la Administración, esta última no habría impuesto al obligado la mencionada sanción.

Otro concepto a tratar lo constituyen los intereses de demora. Pese a la escasa jurisprudencia al respecto y la existencia de criterios diversos, los intereses de demora no deberían entenderse como un perjuicio indemnizable para el cliente, ya que suponen un resarcimiento para la Administración a causa del retraso en el pago de la suma debida y, por tanto, los liquida el sujeto pasivo por el hecho de haber disfrutado durante ese período de tiempo de una cantidad que no le correspondía. Únicamente en el caso de que el cliente acredite un perjuicio por razón de la diferencia entre los intereses de demora pagados y los percibidos podría plantearse por parte de la Aseguradora el reconocimiento parcial de la cantidad que se reclama.

Por otra parte, debemos mencionar los recargos de apremio, que son aquellas cantidades que se imponen a los sujetos pasivos por no atender en plazo el pago de las obligaciones tributarias impuestas. La imposición o no de estos recargos es ajena, en principio, a la diligencia del asesor fiscal.
En la extendida opinión de las Aseguradoras, solamente podrá imputarse al asesor el coste de los recargos de apremio en el caso que la falta de pago en plazo voluntario haya sido consecuencia directa de su actuación; es decir, si se produjo una segunda falta de diligencia o error que provocó este impago. Así, puede entenderse que es responsabilidad del asesor el impago de la deuda en el plazo establecido si la notificación se hizo en su despacho profesional y no se la entregó al cliente, o bien si le asesoró que no pagara dentro del plazo, si se le encargó la gestión del pago y no lo realizó, o si tuvo cualquier intervención que motivara el impago dentro del plazo.

El último punto a tener en cuenta sería la posible responsabilidad del asesor fiscal por la no interposición de un recurso contra una resolución tributaria. Conforme a la más reciente jurisprudencia, habrá que analizar la viabilidad que tenía el recurso para poder cuantificar el perjuicio que la omisión del asesor provocó al cliente.

Covadonga de Lorenzo
Directora de Siniestros de Markel España

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