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La administración de empresas es una profesión de alto riesgo. Pese a ello, tan sólo una de cada cuatro empresas cuenta con un seguro que proteja a sus administradores y altos cargos. Además, en los últimos años se han multiplicado el número de reclamaciones, impulsadas por la Ley de Sociedades de Capital, que ha reforzado los deberes de los administradores y el nivel de diligencia exigible en la gestión empresarial.

Con carácter general, los administradores responden frente a la sociedad, los socios y los acreedores del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o los estatutos, o incumpliendo los deberes propios del cargo. Su responsabilidad es personal (es decir, responden con su patrimonio), intransferible y por una cuantía potencialmente ilimitada, sea cual sea el tamaño de la empresa.

¿Cuáles son las reclamaciones más comunes que enfrentan los administradores y altos cargos?

  • Descapitalización: si la sociedad tiene un patrimonio por debajo del mínimo legal, el 50% del capital social, pueden responder de las deudas de la sociedad posteriores a esa situación.
  • Responsabilidad concursal: si el juez del concurso de acreedores aprecia culpa grave de los administradores, el juez les puede condenar a pagar a los acreedores las deudas que no sean cubiertas por el patrimonio de la sociedad.
  • Inhabilitación profesional: el juez del concurso de acreedores, además de condenar a los administradores al pago de las deudas de la sociedad a las que no alcance el patrimonio social, les inhabilitará para el ejercicio del cargo de administrador.
  • Responsabilidad tributaria: los administradores responden subsidiariamente de las deudas tributarias de la sociedad por determinadas actuaciones negligentes.
  • Prácticas laborales: los empleados pueden demandar a los administradores y altos cargos por discriminación, acoso laboral y otras vulneraciones de sus derechos fundamentales.
  • Prevención de riesgos laborales: en caso de violación involuntaria de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o de incumplimiento grave del deber de diligencia, los administradores pueden verse inmersos en un procedimiento judicial.

La respuesta del seguro de D&O de Markel frente a estos tipos reclamaciones incluye los gastos de defensa y, en su caso, la constitución de fianzas y el pago de indemnizaciones, así como el exclusivo servicio e-Compliance, que incluye un diagnóstico gratuito de riesgos penales.

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