Durante la pandemia se han aprobado varias disposiciones legales para atenuar las consecuencias de la crisis económica en las empresas. Por un lado, se ha suspendido hasta el 31 de diciembre de 2021 el deber de solicitar el concurso de acreedores por parte de las empresas insolventes. Por otro lado, las pérdidas del ejercicio 2020 no se tendrán en cuenta a los efectos de declarar a una empresa en causa legal de disolución.
Estas medidas han supuesto un balón de oxígeno para las empresas y sus administradores, dándoles un margen de tiempo para reestructurar su deuda, conseguir liquidez y compensar pérdidas, ya sea por la recuperación de su actividad ordinaria o por el acceso al crédito o a las ayudas públicas.
Asimismo, recientemente se ha actualizado la legislación concursal y societaria, introduciendo algunos cambios en la responsabilidad de los administradores.
La Ley Concursal de 2003 ha sido reemplazada por el Texto Refundido de la Ley Concursal (RD Legislativo 1/2020), que entró en vigor el 1 de septiembre de 2020. Esta norma incluye al Director General entre los sujetos que pueden ser considerados responsables civiles, en línea con la reforma de la Ley de Sociedades de Capital del 2014. También prevé la posibilidad de la condena solidaria a los administradores, liquidadores o directores generales por el déficit patrimonial.
Además, la Ley 5/2021, de 12 de abril, que entró en vigor el 3 de mayo de 2021, ha modificado el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital del 2010. Esta ley refuerza el deber general de diligencia de los administradores, que deberán subordinar su interés particular al interés de la empresa. También establece que los consejeros de sociedades cotizadas deberán ser personas físicas, por razones de transparencia y de buen gobierno corporativo. Adicionalmente, introduce en nuestro derecho societario las llamadas “acciones de lealtad” en las sociedades cotizadas, permitiendo que sus estatutos otorguen derechos de voto adicionales a las acciones que su titular haya mantenido durante un período mínimo de 2 años.
En materia concursal, la Directiva (UE) 2019/1023 de 20 de junio de 2019, sobre reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, deberá trasponerse al derecho español antes del 17 de julio de 2021, y su trasposición puede conllevar cambios relevantes en la responsabilidad de los administradores, ya que la Directiva les obliga a tomar medidas para minimizar las pérdidas y evitar la insolvencia.
En todo caso, en este escenario de incertidumbre económica y de creciente exigencia de responsabilidades en el ámbito gerencial, es importante contar con una protección adecuada a través del seguro de responsabilidad de administradores y altos cargos, conocido como seguro de D&O.
Jaime Romero
Director Técnico de Markel España
