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¿Sabes que el 82,8% de las empresas españolas tienen dos o menos empleados?

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el 82,8% de las empresas españolas tienen dos o menos empleados. Es decir, 2,7 millones del total de 3,2 millones de empresas existentes. Y el 58,7% de todas las sociedades, 1,9 millones, está en el sector servicios, muy por encima de los sectores de comercio (23%), construcción (12,3%) e industria (6%). Por tanto, el tejido empresarial español está compuesto básicamente por microempresas, en su mayoría del sector servicios.

¿Son conscientes nuestras microempresas de los riesgos de gestión empresarial a los que están expuestas? Las encuestas apuntan al riesgo regulatorio como la principal preocupación de los directivos españoles pero, por desgracia, esa preocupación no va siempre acompañada de un grado de conocimiento suficiente de tales riesgos, sobre todo en las pequeñas empresas. Como es sabido, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, y los administradores y gerentes están cada vez más expuestos a posibles reclamaciones, una tendencia que se ha acentuado desde las últimas reformas de la Ley de Sociedades de Capital y del Código Penal.

Así, la nueva Ley de Sociedades de Capital introduce varios cambios significativos para los administradores: una regulación más completa de los deberes de diligencia y lealtad, la presunción de culpabilidad cuando el acto u omisión sea contrario a la ley o los estatutos sociales, la extensión del régimen de responsabilidad a los administradores de hecho, y la responsabilidad solidaria de la persona física representante del administrador persona jurídica.

Por su parte, las últimas reformas del Código Penal han instaurado la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es decir, la culpabilidad de las empresas por la comisión de determinados delitos cometidos por sus administradores, directivos y empleados, pudiendo quedar eximidas de responsabilidad con la implantación de un plan de prevención de riesgos penales. En las empresas autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, la ley permite que las funciones de supervisión del plan de prevención sean asumidas directamente por los administradores.

En definitiva, todas estas novedades normativas se traducen en una agravación de la responsabilidad de los administradores y gerentes, que ven amenazado su patrimonio personal ante potenciales reclamaciones, y la única protección eficaz es el seguro de responsabilidad civil de Administradores y Altos Cargos (D&O), que tiene por objeto cubrir las consecuencias económicas derivadas de la responsabilidad en que puedan incurrir en el ejercicio de su cargo, incluyendo tanto las indemnizaciones a las que deban hacer frente, como los gastos de defensa y, en su caso, los gastos de investigación y las sanciones administrativas.